Congresista Galarreta, el manco del espanto...

En los últimos días el congresista "manos de tijera" de apellido Galarreta (perteneciente a las filas de Unidad Nacional) ha venido impulsando el proyecto anti-constitucional que elimina la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas. En efecto, pretende que los estudiantes provenientes de colegios particulares paguen por su educación, en tanto que los que procedan de colegios fiscales sigan recibiendo instrucción sin soltar un mango.

Debe saberse que la educación privada ha sido históricamente una forma en la que los estratos medios y altos han subvensionado indirectamente la educación de los más pobres. Al reducir la demanda educativa, asumiéndola por propia cuenta, muchas personas de pocos recursos han podido acceder a la educación pública en mejores condiciones. Por otro lado, son justamente los que más tienen los que más impuestos pagan, sin exigir rédito alguno al no hacer uso de su derecho constitucional de recibir instrucción gratuita para su prole.

Pero eso no es todo, porque no entiende este parlamentario que una cosa es poder educar un hijo en un colegio particular y otra son las cuotas que se pagan en una universidad privada. De otro lado, en el primer caso se trata de niños, en tanto que en el segundo se trata ya de ciudadanos con DNI que deberían dejar de representar una carga económica adicional para sus padres.

Esta es pues una forma de castigo injusto para quienes más aportan con sus impuestos, para quienes han amortizado los requerimientos educativos del estado, y se los pretende seguir grabando por 5 años más asumiendo los costes de una educación superior, qué es ya del todo voluntaria de acuerdo a la vocación del futuro profesional.

Según sus propias palabras (vertidas en RPP), considera justo que un estudiante que tenga su carrito subvensione a quien viene en micro desde un asentamiento humano. Yo le respondo que para eso están los impuestos, y que si comenzamos así entonces deberían destinarse los fondos captados por una clínica para subvensionar hospitales, que lo que gastamos en un abogado debería ir en parte para pagar defensores de oficio, que si costeamos una seguridad privada deberíamos dejar un poquito para la policía, etc. Habrían un sinfin de ejemplos, en los que se podría destinar dinero de un sitio para que sirva a otro, pero eso no sería justo. Es con tal propósito que existen los sistemas solidarios, comenzando por nuestros impuestos, que siempre graban más a quienes más tienen, a quienes más consumen, y que incluso eximen de pago a quienes no alcanzan un cierto ingreso mínimo.

Una decisión de este tipo sólo recargaría la demanda educativa fiscal, puesto que muchos padres de familia retirarían a sus hijos de colegios privados, por el temor de no poder garantizarles una instrucción superior, con lo que la demanda educativa en el sector público, tanto en primaria como en secundaria, correría el riesgo de colapsar.

Roguemos pues que semejante despropósito no prospere en nuestro Parlamento.